El derecho a decidir: avances, obstáculos y amenazas

Noviembre 25, 2009

 

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Noviembre 24 de 2009

http://shineonfit.com/?p=1532 El Procurador y su Procuradora Delegada, con ayuda del Consejo de Estado, han desatado una campaña contra el derecho de la mujer a decidir sobre el aborto. La abogada que logró su despenalización en Colombia hace un balance de lo alcanzado, de los obstáculos pendientes y del debate que ha revivido en estos días.


http://paulfentonphotography.com/?et_core_page_resource=et-divi-customizer-global-cached-inline-styles1090 El avance inicial

El 10 de Mayo de 2006 hacia las seis de la tarde, la Corte Constitucional dio a conocer la sentencia C-355/06 mediante la cual, en ciertas circunstancias, el aborto dejó de considerarse un delito y pasó a ser reconocido como uno de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Colombia.

La Corte fundamentó su decisión sobre tres argumentos principales: el derecho a la vida no es absoluto y no es igual que la protección de la vida humana en formación; la mujer no puede ser tratada ni estereotipada como una máquina reproductiva, y la función legislativa tiene como límites los derechos fundamentales constitucionales.

Los efectos prácticos de esta decisión son dos. En primer lugar, ninguna mujer podrá ser procesada por el delito de aborto cuando la interrupción del embarazo se haya practicado porque su vida o su salud (física o mental) estén en peligro, porque el embarazo resultó de violación o incesto, o porque el feto tenga una malformación que hace inviable la vida extrauterina. En segundo lugar, las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo tienen derecho a exigir del sistema de salud los servicios que sean necesarios para hacerlo en condiciones dignas y seguras.

Ese mismo año el Ministerio de Protección Social expidió el reglamento para prestar el  servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), acogiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al respecto. Teníamos entonces todas las herramientas jurídicas para respaldar el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres colombianas. Sin embargo, nunca fuimos tan ingenuas como para pensar que un fallo judicial iba a implicar un cambio cultural inmediato, y en efecto el proceso ha sido lento. La falta de información sobre los derechos y obligaciones derivados del fallo de la Corte y de la minuciosa reglamentación se vio reflejada en los múltiples obstáculos que las mujeres han tenido que afrontar en estos casi cuatro años. A pesar de todo, cientos de ellas han logrado interrumpir sus embarazos y reivindicar el derecho a defender su plan de vida. Aunque los números siguen siendo pocos y las estadísticas poco confiables, esta experiencia ha significado un cambio de ciento ochenta grados en   la historia de cada una de ellas.

Alcance de la objeción de conciencia

Obstáculos identificamos muchos, tal vez el abuso de la objeción de conciencia el más grande de ellos. Mujeres y niñas, particularmente de ciudades pequeñas y apartadas, se encontraban frente a objetores de conciencia de todos los tipos (institucional, colectiva, judicial, administrativa) que desconociendo los límites y exigencias de esta figura se limitaban a cerrar las puertas del sistema de salud e incluso del sistema de justicia aduciendo razones de “conciencia”.

Ante esta realidad y repetidas denuncias, la Corte Constitucional ha venido delineando la manera como la objeción de conciencia puede ejercerse sin que entorpezca el disfrute de los derechos de las mujeres a optar por una IVE. Ha dicho por ejemplo, que este es un derecho individual, ya que sólo las personas, y no las paredes de las instituciones, tienen conciencia. Ha establecido también que en un estado de derecho los jueces y funcionarios públicos deben ceñirse única y exclusivamente a la Constitución y la ley y que sus creencias personales no pueden interferir en el ejercicio de sus funciones ni mucho menos obstaculizar el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales.

La objeción de conciencia entonces sólo pueden alegarla aquellos profesionales de la salud que estén directamente involucrados con la práctica de la IVE (enfermeras, médicos, anestesiólogos, etc.) y que cumplan con los dos requisitos establecidos: hacerlo por escrito, y  remitir la paciente a otro profesional de la salud que sí esté dispuesto a atenderla. Bajo ninguna circunstancia puede dejarse a la mujer en el limbo, ni imponerle un viacrucis por la red pública del servicio de salud para que sea ella quien tenga que encontrar un médico que la quiera atender.

Es deber de las EPS, de los departamentos, distritos y municipios, y de la Superintendencia Nacional de Salud asegurar un número adecuado de proveedores en los diferentes niveles de complejidad y en todo el territorio nacional, dispuestos y entrenados para prestar el servicio.

En casi cuatro años, una serie de dramáticos casos han ido llegando a la Corte Constitucional a través del mecanismo de revisión y han dado origen a una rica jurisprudencia que aclara muchos de los puntos determinantes para el respeto efectivo  de los derechos de las mujeres: las prácticas prohibidas, los servicios especiales para menores de 14 años y mujeres con discapacidades, oportunidad e integralidad del servicio, prohibición de discriminación a las mujeres sin capacidad de pago, etc.

En resumen, con las dificultades previsibles, estábamos avanzando.

Entra el Procurador

Y en ese escenario apareció la primera y verdadera amenaza para los derechos reproductivos de las mujeres: el Procurador General de la Nación. Y no llegó solo; llegó designando a una nueva Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos  de la Infancia, la Adolescencia y la Familia: designó a la doctora Ylva Myriam Hoyos,  ex Decana de Derecho de la Universidad de la Sabana e integrante de la terna del Presidente Uribe para elegir magistrado de la Corte Constitucional, quien había sido la más vehemente opositora de la sentencia C-355. La doctora Hoyos presentó 47 escritos contra la demanda que logró la liberalización del aborto, pidió su nulidad, escribió varios libros y artículos criticando esta sentencia y anunció su compromiso personal contra la sentencia. Con ese primer nombramiento quedó zanjado el destino del tema en la Procuraduría.

Pero Hoyos sólo llegó a apoyar lo que para Ordoñez ya estaba claro. En sus escritos, nuestro Procurador, quien tiene el deber constitucional de garantizar el respeto a los derechos humanos, se refiere a ellos como una ideología que busca liberalizar al hombre de los reyes y de Dios. Según Ordoñez, “nunca antes en la historia de la humanidad se habían desconocido tanto los derechos humanos, pero también nunca antes la ausencia de Dios en una sociedad había sido tan generalizada; por eso la única manera de garantizar -los derechos humanos- es defendiendo los derechos de Dios en la sociedad”[1]. De hecho, para él, la única vía posible es “desandar el trayecto de la secularización de la cultura occidental y derrotar al mundo que encierra a los derechos del hombre en el círculo ideológico de la democracia y el liberalismo”[2].

Todas estas son afirmaciones extrañas, por decir lo menos, del funcionario encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional. Pero ninguna de estas fue lo suficientemente contundente como para evitar su nombramiento.

El pretexto de la clínica

Ordóñez y Hoyos encontraron su primera oportunidad con la noticia de que en Medellín se planeaba construir una clínica que respondiera específicamente a las necesidades de salud de las mujeres, incluyendo salud mental, atención a violencias de género y salud sexual y reproductiva. Dos grupos empezaron la campaña contra esta clínica, tildándola de “clínica de la muerte”: la Red Futuro Colombia y la página Estoesconmigo.org desde donde se enviaron miles de correos electrónicos al Alcalde de Medellín, pidiéndole que la clínica no prestara servicios de IVE. No es una casualidad que estos dos grupos tengan muy cercanos lazos con la Procuradora Hoyos[3] y que ella no se haya declarado impedida. Todo lo contrario. Apareció a los pocos días en la oficina del Alcalde Salazar para crear un grupo especial de seguimiento a una clínica que ni siquiera existe, algo sin precedentes en la historia de la Procuraduría. La consecuencia fue contundente, el alcalde Salazar decidió eliminar el servicio de IVE de los prestados por la clínica, cediendo débilmente a estas presiones.

Entra el Consejo de Estado

Pocas semanas después la Corte Constitucional emitió la tutela T-388/09 donde, entre otras cosas, recordó que los jueces no pueden ejercer la objeción de conciencia, que no se puede impedir que las menores de 14 años tomen por sí mismas la decisión de abortar o no abortar, que los médicos deben guardar estrictamente el secreto profesional y que los Ministerios de Educación y de Protección Social deben incluir la enseñanza sobre las circunstancias de aborto legal en las instituciones educativas y en los programas de derechos y salud sexual y reproductiva.

El Procurador anunció inmediatamente que pediría la nulidad de la sentencia, y de paso notificó al país que el Consejo de Estado acababa de decidir la suspensión temporal de la reglamentación del servicio de IVE expedida por el Ministerio de Protección Social, mientras decidía una demanda de nulidad presentada por un miembro de la junta directiva de la Red Futuro Colombia[4].

Si bien ni las actuaciones de la Procuraduría ni las del Consejo de Estado afectan la vigencia de la jurisprudencia constitucional, el resultado sí fue crear una confusión total. Una confusión con un costo altísimo para los derechos de las mujeres.

Afortunadamente para todos y especialmente para todas, la Corte Constitucional ha dicho lo suficiente como para que la reglamentación del Ministerio no sea necesaria. En adelante, cualquier nuevo intento de reglamentación, ya sea legislativo o gubernamental, deberá acogerse a estos mínimos vigentes y obligatorios para todos los funcionarios públicos del país[5].

Al Procurador, encargado de vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, no lo controla nadie y por lo tanto depende de cada uno de nosotros, ejercer esta vigilancia y evitar que continúe abusando de su función pública para soterrar el terreno ganado en materia de derechos sexuales y reproductivos.


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