Aborto: diez años de un derecho de difícil acceso

Mayo 9, 2016

 

Este martes se cumple una década desde que la Corte Constitucional dio luz verde para que las mujeres interrumpan su embarazo en tres casos. Los avances son notorios, dice la abogada Mónica Roa.

Para: El Espectador

 

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El castigo de abortar en Colombia hace diez años era tan radical que una mujer, fuera cual fuera la causa de su embarazo no deseado, podía pasar de uno a tres años en la cárcel. Así lo decía el artículo 122 del Código Penal que el 10 de mayo de 2006 modificó la Corte Constitucional. Esta protección del derecho de decidir, al menos en ciertos casos, cuándo no tener un hijo, hace parte del listado de las decisiones más importantes que han tomado los jueces del país para proteger a las mujeres colombianas. En esa sentencia, conocida en el mundo judicial como la C-355 de 2006, quedó claro que hay tres causales que permiten el aborto sin ningún tipo de repercusión: cuando el embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando existe un grave malformación del feto y cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de incesto.

Desde que se permitió interrumpir los embarazos no deseados bajo las tres características planteadas por la Corte Constitucional, han sido muchos los avances para que las mujeres accedan al derecho de decidir su maternidad. Pero también son varios los obstinados en mantener la idea, tradicional y religiosa, de que abortar está prohibido y va en contra de los mandamientos de Dios. “Los avances son impresionantes. Hoy, por ejemplo, la IVE –término médico para referirse a la interrupción voluntaria del embarazo– está incluida en el Plan Obligatorio de Salud y ninguna entidad puede decirle que no a una mujer que quiere interrumpir su embarazo”, explicó Mónica Roa, una de las abogadas artífices de la demanda ante la Corte que llevó a que hoy, en Colombia, las mujeres puedan abortar al menos ante circunstancias tan apremiantes como las mencionadas.

De acuerdo con las cifras que ha recopilado el Ministerio de Salud, entre 2009 y 2015 se practicaron en Colombia más de 53 mil abortos de una manera legal. “Creo que hemos logrado consolidar un cambio de la manera en que se entiende el aborto. Estamos dejando de pensar que se trata de una ofensa a la divinidad y a la propia vida. Para esto, creo que el papel del papa Francisco ha sido fundamental”, agregó Mónica Roa, haciendo referencia a la orden impartida por el pontífice a finales de agosto del año pasado, cuando dio permiso a cualquier sacerdote de absolver de pecado a las mujeres que acudan a la Iglesia a confesar que han abortado. “Pienso en las mujeres que han tenido que recurrir al aborto. Conozco bien los condicionantes que han tenido que enfrentar y sé que es un drama existencial y moral (…) Sé que les ha dejado en el corazón una dolorosa cicatriz”, reconoció el papa.

Desde que se despenalizó el aborto, el organismo de control ha presentado doce nulidades a la sentencia de la Corte Constitucional. En 2012, ese mismo tribunal incluso tuvo que ordenarle al procurador Ordóñez que reversara, palabras más palabras menos, la campaña de desinformación que desde su despacho ha emprendido contra la práctica del aborto, y que se ha convertido en una de las grandes barreras que tienen que enfrentar las mujeres a la hora de acceder a su derecho de abortar. En una ocasión, inclusive, se conoció que el procurador les había pedido a los jueces que le revelaran los nombres de quienes presentaban acciones de tutela, aunque la propia Corte Constitucional había ordenado en 2011 la reserva del nombre, dirección de residencia, teléfono y los nombres de sus familiares o de la entidad y el personal médico que atendía los procedimientos.

“Una de las barreras más poderosas que tienen hoy en día las mujeres para acceder a una IVE es la desinformación que hay sobre el tema”, le explicó a este diario Juan Carlos Vargas, gerente de investigaciones de Profamilia. “Por ejemplo, hay EPS que le exigen a una mujer la sentencia que condena al hombre que la violó y la dejó embarazada, cuando la propia Corte Constitucional dijo que solo era necesario presentar la denuncia”, añade Vargas. Pero en el mundo del aborto existen muchos más mitos: que al realizar una IVE, dentro de las causales aprobadas en el país, la Procuraduría puede abrir una investigación disciplinaria contra el médico; que la causal salud solo aplica cuando está en riesgo la salud física de la madre y se ignoran las afectaciones psicológicas que tiene llevar a tiempo un embarazo no deseado.

Como si fuera poco, Natalia Acevedo, otra funcionaria de Profamilia, apunta a que las barreras para acceder a una IVE en el país son mucho más complicadas. “Hay que tener en cuenta que una cosa es interrumpir un embarazo en Bogotá o Medellín, y otra cosa en Riohacha o en el Chocó. Esto, sin contar las zonas más afectadas por el conflicto en donde, por miedo a represalias, las mujeres ni siquiera denuncian violaciones”, explica Acevedo. Según los datos que maneja Profamilia, entre 2012 y 2015 solo se realizaron 104 IVE en Riohacha y 15 en Chocó. Y, además, hay un tema de recursos que no se puede obviar: abortar con medicamentos cuesta entre $150 mil y $200 mil, pero cuando las EPS se demoran en autorizar el procedimiento, hacerlo con anestesia le cuesta –al Estado, puesto que se cubre por el POS– entre $350 mil y $500 mil. En este tema, es importante recordar que los médicos que no deseen realizar un aborto pueden presentar objeción de conciencia.

Las mujeres son por supuesto las primeras crucificadas al intentar acceder a este derecho, que cumple diez años. Además de los intentos de la Procuraduría de conseguir sus nombres, se han visto casos en los que los propios jueces terminan reprochándoles, con argumentos religiosos en mano, por querer interrumpir su embarazo. Igual de común es que en su entorno sean tachadas de ser “malas personas”. Así se lo contaron a este diario mujeres que han intentado acceder al aborto y que prefieren mantener su nombre en anonimato. La vergüenza es un sentimiento que no se desprende de esta acción. “Soy superoptimista de que la ciudadanía seguirá exigiendo sus derechos. Lo que he aprendido con esto es que la gente se da cuenta de su propio poder. Tenemos el poder de exigir nuestros derechos y estamos ganando estas batallas”, concluye Mónica Roa.


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